Alta concurrencia tuvo la primera jornada del seminario “Dilemas actuales de la intervención sistémica y sus desafíos para las organizaciones”, organizado por el programa de Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad (MaSS), en asociación con la futura carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile. El martes de junio, la discusión giró en torno a los “Dilemas y desafíos de la intervención social en un contexto sistémico”, a cargo de Teresita Matus, Aldo Mascareño, Cecilia Dockendorff y Felipe Pérez-Solari.
La Doctora en Sociología y Trabajo Social, Teresita Matus, abrió la mesa de exposiciones con “Desigualdades de la oferta: el desafío de mejorar la calidad de las intervenciones sociales”. Para la asistente social, existen dos premisas o dicotomías poco analizadas en Chile y que, usualmente, no se transforman en programas de investigación.
Una de ellas supone que los problemas sociales provienen de la gente y que los programas en esta materia, “los mecanismos de intervención o las políticas públicas implementadas, son sus soluciones”. En segundo lugar, cuestionó una dicotomía temporal: “Lo que se sostiene hegemónicamente en nuestro país es que la evaluación de los programas sociales solo puede hacerse después, manteniendo la ‘maldición’ de la política pública de corregir mediante el ensayo y error”.
Sobre el primer punto, no es posible pensar que la desigualdad es un problema radicado exclusivamente en la demanda. “Me parece insuficiente porque no se consideran las desigualdades generadas por la oferta”, explicó Teresita Matus. La asistente social calificó a los programas sociales implementados en el país de máquinas burocráticas de exclusión, en el sentido de que “marcan la opacidad de la no medición y del no reconocimiento de su propio impacto”.
Así, “diré algo paradojal: El Transantiago es un avance porque reconoce como suya la desgracia de lo ocasionado”. En este sentido, es preciso entender que la elaboración de programas sociales es resultado de una historia, una construcción social y, por consiguiente, “no pueden estar ajeno a los niveles de calidad e impacto que allí se producen”, complementó.
Refiriéndose al segundo punto de discusión, indicó que la evaluación de la oferta debe realizarse en forma previa con pocas variables, cuyos métodos pueden ser de bajo costo, masivos, autoobservados y, especialmente, participativos para que la innovación en impacto social sea efectiva. “Una proposición sustantiva es que hoy, con todo lo que se habla de calidad, ésta no es otra cosa que saber enfrentar la complejidad”, determinó la también Magíster en Sociología.
Crisis y catástrofe
La segunda ponencia estuvo a cargo de Aldo Mascareño, antropólogo y Doctor en Sociología y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien habló sobre “Crisis, catástrofe y autointervención”. En la misma línea que Teresita Matus, argumentó que “una intervención de calidad se relaciona al problema de la complejidad o adecuación de ésta. Y pienso que la complejidad es el problema original a resolver. Al respecto, como las variables son muchas hay que establecer una decisión –independiente si es buena o mala– que se puede manifestar en la comunicación o en la acción”.
El problema surge cuando la decisión no se adopta o posterga. Por tanto, la crisis es una decisión que no se toma dentro de un sistema determinado, pese al reconocimiento de las condiciones y problemas del entorno. Situaciones como esta se reflejan en las organizaciones, en la esfera política y en las vidas de las personas. La catástrofe, en cambio, es el fin de la crisis. “En ese sentido, no debe connotarse negativamente a priori. Por ejemplo, la transformación de la educación es precisamente una catástrofe porque supone que va a transformar –esperamos– las relaciones estructurales de la educación en un nuevo Estado”, manifestó Aldo Mascareño en su ponencia.
En condiciones normales, los sistemas operan bajo un equilibrio dinámico, “cuya autonomía se sustenta en dicho equilibrio. Pero a la vez, porque los sistemas son autoclausurados, autopoiéticos, van plegándose a los estímulos de su entorno precisamente por su condición de autopoiesis”. Finalmente, lo que sucede es que los sistemas comienzan a experimentar un “crecimiento compulsivo”. El mayor ejemplo chileno de los últimos 30 años es el crecimiento compulsivo del dinero y “como éste va monetarizando todas las relaciones sociales de modo tal que el acceso a la salud o educación están mediatizados por esa forma de comunicación que es el medio dinero”, advirtió.
Autoimplicación en la cibernética
Cecilia Dockendorff, Magíster en Antropología y Doctora en Sociología, junto al Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de FACSO, Felipe Pérez-Solari, abordó la problemática “Observación e intervención: El desafío cibernético de la autoimplicación”. Este último principio alude a la observación que transforma tanto a lo observado como al observador de manera circular, es decir “el observador al intentar dar con las distinciones que usa para conocer crea también al mundo en que dichas distinciones tienen sentido, transformándose él en el proceso operante de acciones utilizadas”, afirmó Pérez-Solari.
No es que cada observador forje un mundo único, sino que “co-crea el mundo al estar expuesto a otro u otros observadores que pueden problematizar la manera en que el primer observador ha creado al mundo”, aclaró el historiador de la Universidad de Concepción. Y es que “inventamos y co-inventamos el mundo permanentemente, pues en cada observación ya cambió lo antes observado. En consecuencia, el principio de autoimplicación emplaza la manera en que conocemos nuestro rol en el proceso y los impactos de nuestras intenciones”.
Por su parte, Cecilia Dockendorff precisó que la teoría de sistemas sociales provee de una descripción del operar de la sociedad, “tan rotundamente acorde con la evidencia empírica que incluso sus detractores han debido aceptar la diferenciación funcional como el modo policéntrico de representación de la sociedad contemporánea”. La ganancia del apronte cibernético reside, por un lado, en abandonar criterios normativos u ónticos que prescriban la manera en que se debe intervenir, y por otro, en autoimplicar, en la misma intervención, al investigador que desee realizar intervención social desde un apronte sistémico. Luego de las ponencias, se realizó una ronda de preguntas y comentarios del público, instancia en la cual también surgieron discusiones entre los panelistas.
Segunda jornada del seminario
El seminario tuvo su segunda jornada el miércoles 4 de junio y contó con las ponencias de Antonia Urquieta, Fernando Robles, Dimas Santibalez y Julio Labraña sobre “Dinámicas organizacionales para la intervención social”.
Fernando Robles, académico del Depto. de Sociología de la Universidad de Concepción, comenzó con las intervenciones hablando sobre el Sistema de Ayuda Social en Chile que funciona únicamente con operaciones de comunicación. “Hay que aclarar que solo puede construir transformaciones en los cuerpos y en los sistemas psíquicos de los destinatarios en la medida en que estos sean habilitados por dicha comunicación y promuevan su autotransformación, de otro modo no”, afirmó. En ese sentido, explicó que el Sistema de Ayuda Social es comunicativamente distinto al Sistema de Atención de Salud, cuya función es el tratamiento terapéutico del cuerpo y que opera por la instrucción basal sano-enfermo.
Por su parte, “el trabajo social puede ser descrito como un evento organizado y especializado en la ejecución de programas de la ayuda social”. Además, según Robles, como ningún otro sistema de la sociedad, el de Ayuda Social debe “confrontarse con el problema de que sus rendimientos y servicios no los puede lograr por sí mismos sino solo con la ayuda del entorno social”.
La integrante del equipo del naciente Departamento de Trabajo Social, Antonia Urquieta, comentó que hace décadas avizora que en el marco de la política social, las intervenciones por parte del Estado en materia de ayuda social tienen implicancia no solo individuales en las personas, sino que también fuertes implicancias espaciales.
En 1986, se hizo un estudio a cargo del Profesor Eduardo Morales y Sergio Rojas quienes analizaron los procesos de relocalización de los pobres, momento en el cual “se llegó a estimar que la relocalización de los pobres obedecía a una consecuencia de procesos más amplios de políticas de desarrollo urbano como reformas municipales y reformas a los instrumentos de planificación comunal”, recordó Urquieta.
A partir de sus resultados, se concluye que relocalizó la pobreza y no los pobres. Como consecuencia, “se dibujó una geografía de segregación donde se trazaron barrios de pobres y barrios de ricos, generando una polarización de la situación socio-comunal”, advirtió. Otra de las conclusiones emanadas de la investigación es que “pareciera ser que la intervención sobre las personas trae consigo efectos mucho más amplios y estructurales que la sola actuación sobre sujetos específicos”, determinó.
El Doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Dimas Santibáñez, discutió acerca de los desafíos y expectativas sociales y políticas que se integran entorno a la expresión de los espacios de participación democrática. Según el sociólogo, “las dinámicas participativas moduladas por la ciudadanía parece que deben aceptar su propio debilitamiento para dar paso a espacios institucionales emergentes que canalicen la demanda, posibiliten el diálogo y conduzcan la negociación”. Al respecto, desde ciertas perspectivas y a propósito de los movimientos sociales, lo que debe efectuarse es una “desmovilización, una domesticación, una institucionalización de los espacios participativos emergentes”. Por otro lado, desde el ángulo de la institucionalidad política, pública y estatal, la participación social no puede ser otra cosa que un diálogo regulado.
La última ponencia estuvo a cargo del investigador Julio Labraña, quien se refirió a la protesta por la demanda del fin al lucro. Comúnmente, las manifestaciones en este ámbito se han entendido como expresiones de la sociedad civil. "Esta exposición se basa en un análisis del proyecto de ley que prohíbe aportes estatales a entidades que perciban fines de lucro en educación, que durante agosto de 2011 ansió modificar la Ley General de Educación. Pero, ¿puede conceptualizarse esa demanda educativa desde la perspectiva organizacional?”, cuestionó Labraña. La respuesta desde los medios de comunicación consideraba únicamente a los estudiantes como los actores relevantes. Sin embargo, desde 2011 hasta la actualidad “a través de fórmulas como el lucro y la educación de mercado, se suele discutir económicamente sobre la educación y no sobre educación per se”.
Al igual que en la jornada anterior, para terminar con la segunda mesa del seminario, el público asistente pudo hacer consultas y comentarios a cada uno de los ponencistas.
