Para partir en este tema que conforma el tercer eje de la agenda del Cónclave, es procedente dejar sentadas algunas tesis como premisas necesarias para tomar en serio al Estado y a las universidades estatales.
I. El Estado es la organización política superior de la sociedad. Y existe para asegurar la representación inclusiva (de toda la sociedad), y para hacer efectiva la adjudicación de derechos de los individuos. Por ello es que el Estado hace suyos los intereses generales de la sociedad. Así nace el espacio normativo que llamamos público.
II. Como agente público, actúa a través de las políticas con que se lleva a efecto esta doble tarea. El Estado da trato preferente a ciertos grupos cuando ello es indispensable para asegurar la representación inclusiva o para hacer efectiva la adjudicación de derechos.
III. La educación en cuanto proceso y campo de acción es un factor que, entre otros, hace posible el logro de esa doble tarea. Por eso hay educación pública que es impartida por agentes públicos. Un agente es público cuando en su estructura de gestión y en su acción pone explícitamente de manifiesto que está orientado por intereses generales y que por tanto, no está condicionado a la apropiación por intereses particulares.
IV. Las universidades del Estado, son agentes que tienen este carácter y lo hacen explícito en el campo de la educación superior. No son un servicio del Estado, son agentes públicos y dado que ellas expresan intereses generales tiene que estar orientadas por el pluralismo, tienen que abrirse a la participación, tienen que articularse con un entorno social que es diverso, y por todo ello es que se les reconoce un estatuto de autonomía.
V. La autonomía define la relación de las universidades estatales con el Estado, que tiene un carácter especial porque respecto de ellas el Estado es un propietario pero no es un controlador.
En Chile hay 18 universidades del Estado, incluyendo las dos recientemente creadas en regiones. Con la excepción de estas dos, las otras 16 han estado sujetas a una deriva que viene de la política de educación superior implantada en 1981 en el apogeo de la dictadura. Esa política se diseñó en contra de las ocho universidades agrupadas en el Consejo de Rectores de la época, que recibían financiamiento directo del Estado y específicamente dirigida a desmembrar a las dos universidades estatales dentro de ese grupo.
La deriva de esa política fue la implantación de un régimen de mercado en la Educación Superior, cuya dinámica fue, entre otras cosas, ajustar a las universidades estatales a la lógica privada, obligándolas a comportarse como agentes corporativos, es decir, a orientarse por intereses particulares (aquí representados por el autofinanciamiento) y generar un acelerado proceso de masificación con las universidades privadas como palanca privilegiada de ese proceso.
Algunos datos sintéticos de las universidades estatales (ver anexo) muestran dos cosas: a) que ellas entregan de forma muy fructífera al país un aporte de gran significación en cuanto a docencia de pre y post grado, investigación y proyección al medio, y b) que, sin embargo, sus índices de crecimiento y desarrollo están en proceso de deterioro relativo frente a las universidades privadas. Esta situación se ha expresado como precarización en la medida en que todavía ellas siguen sujetas a la lógica de mercado que ha sido funcional para las privadas pero disfuncional para las estatales.
Para asegurar la sustentabilidad no corporativa (por tanto no particularista) de las universidades estatales es indispensable fortalecerlas como un grupo que se orienta por intereses generales, como se fundamenta en las tesis arriba expuestas, y para ello el camino es conformar con ellas un sistema de educación superior estatal que, como tal, se articula con el sistema de educación terciaria del país. Habrá que diseñar claramente esta articulación, especialmente en lo que dice relación con las universidades privadas y con la educación técnico profesional donde habrá también agentes públicos (no quiero hablar de “proveedores”) que han de retomar el rol del Estado en ese ámbito.
Claramente, no se trata de un “subsistema” dentro de otro que lo contiene, sino de una estructura funcional distintiva por la especificidad de las instituciones que lo integran. Es un sistema nacional, regionalizado que por tanto abre espacios genuinos a las universidades estatales situadas en regiones.
El sistema y las instituciones dentro de él, debe estar dotado de financiamiento basalprovisto por el Estado, de libre disposición, y sujeto a rendición de cuenta. Este esquema de financiamiento de las institucionesestatales debe permitir el desarrollo de programas de larga maduración como es muy claro en el caso de programas docentes, pero es igual de claro e imperioso para sostener programas largos de investigación de frontera y de carácter interdisciplinario. Es posible pensar que estos programas de larga duración se inicien a través de convenios de desempeño, pero luego de la fase de iniciación, su financiamiento debe incluirse en los fondos basales. El autofinanciamiento debe quedar reservado para las instituciones privadas, lo cual no las excluye necesariamente de la asignación de recursos por convenios de desempeño cumpliendo las condiciones que para tal efecto se establezcan.
Se trata de un sistema cooperativo, no competitivo entre las instituciones que lo conforman, respetando la autonomía y las especificidades regionales de las universidades estatales instaladas en regiones. El sistema deberá dar cabida a la función de coordinación interna expresada en un órgano participativo, representativo e informatizado de todas las instituciones que lo integran. Entre otras cosas, esta función de coordinación deberá expresarse en mecanismos de movilidad estudiantil y académica. Flexibilidad para cambios de carrera, con las debidas homologaciones. Carrera académica común para la flexibilidad de los desplazamientos de académicos entre las instituciones con los debidos resguardos de la concursabilidad de cargos de planta.
Por otra parte, el sistema debe también dar cabida a un órgano de alto nivel académico dedicado a hacer viable y sostenible la función de servicio al Estado por medio del conocimiento aplicado que se produce en las universidades del sistema. Esta función pasaría a ser un eje fundamental de la articulación de las universidades estatales con el Estado (valga la redundancia)
El sistema asume la orientación hacia la inclusividad que es propia de la agencia estatal y, para ello, imparte gratuitamente la docencia de pregrado. Probablemente, esta sea la medida más radical para liberar a las universidades estatales de la lógica del mercado que se funda en la idea de los bienes y servicios sin precio. La gratuidad debiera estar radicada en las universidades estatales por cuanto ellas son las únicas universidades públicas.
Las universidades situadas en regiones deben ser uno de los principales vehículos de vinculación con el medio y, por tanto, de la articulación del sistema con los agentes de su entorno. Esta articulación potenciaría la contribución del sistema de universidades estatales con la descentralización y el desarrollo regional. Las universidades en regiones deben pensar también al país. Si no lo hicieran estarían degradando su carácter universitario, pero deben lograrlo haciéndose cargo de abrir dentro de esa perspectiva universitaria general, un espacio a la mirada desde sus respectivas regiones.
Necesariamente, habrá diferenciación interna en el sistema dadas las especificidades de las instituciones. Con todo, hay que conjugar esa especificidad con el logro y el aseguramiento de una calidad que debe ser homogénea en el sentido de que todas las universidades estatales deben satisfacer los estándares académicos básicos de calidad de sus tareas comunes: docencia, investigación y proyección al medio. La calidad no deberá concentrarse en la base del sistema sino también en la cúspide, asegurando la sostenibilidad de nichos de excelencia, especialmente en el ámbito de la investigación y en el nexo de esta actividad con la docencia, principal pero no exclusivamente de post grado. En este orden de ideas, la internacionalización debe ser un proceso transversal en el sistema, pero teniendo un foco destacado en los ámbitos que alojan a los nichos de excelencia. Sin internacionalización estos nichos no se pueden construir.
Los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad deberán incorporar criterios con otros criterios apropiados al carácter de las instituciones estatales. Ello debe conducir a un sistema de evaluación y certificación de la calidad que opere en dos rieles paralelos: uno para las universidad es estatales y otro para las privadas.
En el sistema debe haber un irrenunciable rol cooperador de la Universidad de Chile para la sustentabilidad académica del sistema. Ese rol se realiza mediante el apoyo a las instituciones con menor desarrollo relativo para contribuir al aseguramiento de calidad en la base, pero de modo muy especial ejerciendo un liderazgo compartido en el apoyo a programas de especial relevancia para asegurar calidad en la cúspide.
El sistema no debiera incentivar la emigración de las universidades situadas en regiones, a través de apertura de sedes o programas que se instalan en otras regiones y, en especial, en la Región Metropolitana, proceso que desvirtúa el carácter de estas universidades. En un marco de gratuidad de la educación superior estatal, desaparece la necesidad de captar alumnos para generar recursos por la vía del pago de aranceles y, por consiguiente, así desaparece también el atractivo de la migración señalada, que se instaló como estrategia de autofinanciamiento para muchas universidades derivadas de las antiguas sedes regionales de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, las dos universidades estatales “históricas” en el país.
La articulación con la formación técnica es un imperativo dado que en ella se inserta una proporción considerable de la matrícula en la educación post secundaria o terciaria. Esta articulación no debe concentrarse en los Centros de Formación Técnica (CFT) que están en el escalón más bajo de esta formación, sino especialmente en el nivel de los Institutos Profesionales (IP) que están, académicamente, en la franja más próxima a las universidades. Más importante que los CFTs estatales, debe ser el caso de los IPs del Estado. Por allí, hay que empezar para potenciar esta articulación.
