El proceso de gratuidad continúa. Recientemente, ministros de distintas carteras visitaron ciudades y provincias del país para socializar los detalles de la iniciativa, sin embargo, ha recibido numerosas críticas del mundo académico, especialmente de las universidades públicas, demandando un fortalecimiento del sistema estatal de universidades y definición sobre el proyecto de educación que se quiere para el país.
Uno de los grandes desafíos para este año, y que académicos de la Facultad de Ciencias Sociales esperan se discuta en profundidad, es la estructuración de un sistema de universidades estatales, que se haga cargo del financiamiento de la educación, garantizándola como un derecho social.
“La realidad de las universidades estatales no da para más porque están funcionando como si fueran privadas, siendo que hay que distinguirlas. Tiene que haber un cambio radical de parte del manejo del Estado con sus 18 universidades. A lo largo del tiempo, las universidades estatales han crecido bastante menos que las otras, llegando incluso a alcanzar que un 25% de los estudiantes estudie en las universidades públicas”, afirma el Vicedecano, Prof. Raúl Atria.
El punto de inflexión dentro de la gratuidad lo marcan las universidades que no son estatales, una discusión poco clara que hay que dar. Al interior del sistema privado de educación superior no todas son iguales: “Hay algunas que son más meritorias que otras por lo que hay que definir cuáles por su contribución al país debieran tener un trato diferente –no digo que el Estado inyecte recursos– pero si distinto”, comenta Atria.
No hay que desviar la atención
Pese al diagnóstico, para los académicos el debate se desviará y centrará la atención en puntos pocos relevantes como la creación de instituciones en materia educacional, tales como la Superintendencia o Agencia de Calidad. En esta línea, el gobierno ha tendido más bien a regular el mercado, fijando precios y tarifas, lo que ha llevado a un “control tecnocrático avasallador, prueba de ello son justamente las autoridades no electas que se contemplan en el borrador del proyecto a cargo de esos nuevos organismos fiscalizadores, y eso si se financia con aportes basales a diferencia de la casas de estudio”, apela Víctor Orellana, docente del Departamento de Sociología.
El principal error que ha cometido el gobierno, a su juicio, es haber intentado separar la gratuidad de la reforma, una gratuidad -por lo demás- improvisada transformando la discusión que debió ser educacional y política en una disyuntiva de contadores encargados de fijar costos y coberturas, como si se tratara de una planilla Excel.
Además, la gratuidad tiene una letra chica pues “en estricto rigor, esta gratuidad es una beca y una beca de baja cobertura, ya que no sobrepasa al 17 por ciento total de la matrícula”, añade. Si se prosigue el debate en torno a los recursos disponibles y el financiamiento no se llegará a una discusión real sobre la reforma, uno de las mayores preocupaciones que aquejan al sociólogo y director de la Fundación Nodo XXI, quien subraya la necesidad de analizar qué educación queremos, lo que necesariamente lleva a poner el eje en la reconstrucción de la educación pública como única posibilidad de sacar al mercado como agente regulador.
“La ciudadanía no solo quiere dejar de pagar, quiere discutir qué educación anhela. Vamos a seguir entrampados y lo peor de todo es que, finalmente, cuando se discute sobre regulación de tarifas la derecha política nacional consigue que esa regulación no sea tan regulada”, sentencia Orellana.
¿Y qué ocurre con la educación técnica?
No está entre las prioridades del gobierno sino hasta el 2017, eso al menos según el reciente anuncio de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien dijo: “Esperamos que el próximo año la gratuidad vaya a la educación técnica”. Sin embargo, para el profesor Atria debe discutirse de manera seria cuál es el lugar y reconocimiento que merece en nuestro país la educación técnica, siendo la gran ausente y marginada del proyecto.
Al referirse sobre la importancia de las universidades estatales no se puede dejar de incluir al sistema de educación técnica estatal. En este sentido, se barajan dos posibilidades sobre su financiamiento:“Una es incorporarla dentro de las universidades estatales a lo cual yo me opongo, más bien abogo porque el Estado cree un sistema de formación técnica estatal y ahí hay que partir de cero. Al menos, en las universidades estatales hay una historia detrás pero en este caso no. Es una gigantesca tarea que conlleva orientar hacia dónde se desarrollará la educación técnica”, afirma el académico.
Según la matrícula, la mayoría de los estudiantes pertenecientes a los quintiles menos favorecidos se encuentran cursando una carrera técnica y los excluyeron del beneficio de la gratuidad en el controvertido proyecto que, finalmente, además de las instituciones del CRUCH, incorporó a cinco casas de estudio privadas, siendo que “el país real se encuentra en institutos y centros de formación técnica”, apela el académico. “Se ha dicho públicamente de que se crearán 15 centros e institutos profesionales regionales pero no se ha pensado, es solo una cuña, hay mucha gente que reclutar y organizar. Esta es otra área prioritaria y que no puede esperar más”, sentencia.
Actores sociales faltantes a la discusión
A lo largo del extenso debate que se ha dado en esta materia, los estudiantes han tenido una activa participación. No obstante, a juicio de Atria falta incorporar a las fuerzas laborales, como sindicatos, mientras que los partidos políticos debieran ser los últimos en intervenir ya que siempre tienen una agenda corta y en estos temas se necesitan discusiones a largo plazo.
Las universidades como comunidades académicas completas, con todos sus estamentos, debieran tener mayor inserción e injerencia a futuro. “En este sentido, hay que preguntarse qué significa la universidad para las mujeres. Esta no es una discusión de feministas, es una discusión sobre cómo la universidad está cambiando la vida de las mujeres porque sabemos que más del 50% de la población estudiantil que ingresa al pregrado es femenina. No podemos tener estructuras curriculares inflexibles que impidan que las mujeres –al embarazarse, por ejemplo– deban abandonar la universidad y es que la Universidad de Chile es una institución feminizada”, comenta. De modo, que su mayor participación también es necesaria.
Complejo escenario social para la educación futura
La forma de financiamiento común en la educación superior chilena con el advenimiento de la dictadura, y tras el retorno a la democracia, ha sido a través del pago o endeudamiento de las familias, créditos estatales y diversas becas, una medida reactiva ante las carencias económicas de los estudiantes a la que no todos pueden acceder.
El sistema se acostumbró a resolver los problemas de financiamiento mediante beneficios o ayudas estudiantiles. “Como resultado, tenemos un sistema completamente desordenado, de modo que primero hay que reordenarlo con cierta visión estratégica y definir cómo se proyecta la educación superior y educación técnica en 10 años más”, anticipa el profesor Atria.
Una de las mayores preocupaciones poblacionales futuras tiene que ver con la compleja demografía en Chile, un país que envejece de manera acelerada y cuya educación superior no puede soslayar esta dinámica social. El segmento etario de 18 a 24 años que suele cursos estudios superiores ha comenzado a disminuir en cantidad, una tendencia que irá en aumento en las próxima décadas.
Al respecto, el vicedecano señala: “Tendremos que imaginar una educación superior donde este grupo social joven dejará de ser el predominante en la educación superior y habrán universidades envejecidas, con un pregrado muy acotado. Eso viene inevitablemente. Debemos socializar que vamos camino a una sociedad envejecida”.
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Estado actual de la Gratuidad
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