¿Qué es la ciudadanía y cómo ha sido entendida históricamente? ¿Qué tipo de ciudadanía vivimos y cuánto ha influido la globalización en su construcción? ¿Cuál es la viabilidad y deseabilidad de una ciudadanía cosmopolita? Son algunas de las interrogantes que dilucida el libro “La ciudadanía y sus límites” (Editorial Universitaria) de Jaime Fierro, académico del Doctorado en Ciencias Sociales y del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Su lanzamiento se realizará este jueves 02 de Junio a las 18.30 horas en el Auditorio Pedro Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha casa de estudios.
A través de un recorrido por la teoría política y la filosofía, se busca analizar y comprender el significado de ciudadanía, un proceso en el cual se deben articular tres dimensiones fundamentales. Por un lado, los derechos que reivindica la tradición liberal pero también las responsabilidades que reivindica la tradición comunitaria; como segunda dimensión destaca la participación política, relevante sobre todo en la tradición republicana y, finalmente, la identidad que ha sido fuertemente enfatizada desde el multiculturalismo y el feminismo, dos corrientes de pensamiento que han expresado la necesidad de sostener políticas de reconocimiento de las identidades y los derechos colectivos al momento de hablar de ciudadanía.
No obstante, según Jaime Fierro, en la actualidad la concepción de ciudadanía que predomina en el mundo es de tipo liberal. En ese sentido, de acuerdo al liberalismo, los derechos son relevados como principales por sobre las responsabilidades, ya que estas son vistas como restricciones hacia la libertad de los individuos por parte del Estado. “Para el liberalismo es evidente que mientras las instituciones funcionen relativamente bien, la participación ciudadana no es un valor muy sustantivo, ni tampoco se interesa en promover una participación de gobiernos locales, regionales o nacionales”, comenta el autor.
A su vez, la dimensión de la identidad o sentido de pertenencia a la comunidad no es tan relevante para el liberalismo al considerar que “lo justo en una sociedad es que todas las personas seamos tratadas de manera igualitaria ante la ley y, por tanto, las diferencias de género, u otras, no debieran alterar esa naturaleza del igual trato ante la ley. Las diferencias entre minorías étnicas-nacionales tampoco debieran ser un elemento a tener en consideración bajo la idea de que la ley es justa en la medida en que se aplica a todos por igual”, explica.
El ciudadano a lo largo la historia
Desde los tiempos de Aristóteles, el ciudadano sólo puede ser entendido en el marco de una comunidad política. En el caso chileno, al observar sus diferentes Constituciones se aprecia que el concepto de ciudadanía ha sido entendido principalmente en términos políticos, a partir de un conjunto de derechos como, por ejemplo, el sufragio. “Tales derechos no tendrían ningún sentido sin una comunidad política que los respete y los garantice y en el mundo contemporáneo dicha comunidad política es de carácter nacional: el Estado-nación”, señala Fierro.
El ensayo seminal del sociólogo británico Thomas H. Marshall, Ciudadanía y clase social, publicado en 1950, ha sido reconocido como uno de los aportes más significativos e influyentes en el estudio del concepto de ciudadanía, transformándose en una suerte de definición canónica para muchos, aunque su influencia ha sido relativamente reciente. Marshall entiende la ciudadanía como un estatus de membresía a una comunidad política nacional, donde todos los ciudadanos son iguales respecto de un conjunto de derechos civiles, políticos y sociales y obligaciones, tales como pagar impuestos, respetar las leyes o el servicio militar.
Tal planteamiento es cuestionado por el cosmopolitismo. En la modernidad, la figura predominante del cosmopolitismo –corriente de pensamiento que entiende que la ciudadanía trasciende al Estado-nación– es el filósofo alemán Immanuel Kant. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas cosmopolitas han servido para comprender el nuevo ordenamiento mundial, caracterizado por la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Declaración Universal de Derechos Humanos, el fortalecimiento del derecho internacional y el reconocimiento de la categoría de crímenes contra la humanidad, entre otros. Al respecto, la Unión Europea (UE) es considerada como uno de los ejemplos más relevantes de la tendencia hacia el cosmopolitismo.
Sin embargo, lo que se puede observar en el caso de la UE, es que ésta carece de los principales componentes que caracterizan a una cultura nacional, entre ellos, una lengua compartida, medios de comunicación capaces de generar una opinión pública y una historia común. Al mismo tiempo, “no se ha constituido un demos europeo, más allá de los avances alcanzados en materia de integración económica. Pero, lo que es más importante en estos momentos es que existe gran incertidumbre sobre el destino de la Unión Europea. Los ciudadanos europeos expresan cada vez mayor escepticismo respecto de la integración europea y su expansión, lo que se ve reflejado en el rechazo a la Constitución Europea y en la reticencia a incorporar a otros países. Por otra parte, es muy difícil hablar de una Unión Europea realmente democrática, más allá de que los Estados-nación que la componen lo sean”, enfatiza el académico de la Universidad de Chile.
¿Cómo definir la ciudadanía chilena y latinomamericana?
En nuestro país, al igual que en buena parte del mundo, la ciudadanía ha tenido un carácter marcadamente liberal, en la medida en que la igualdad formal ante la ley y la reivindicación de derechos individuales universales son esenciales para la democracia. “Pero muy poco se dice acerca de nuestras responsabilidades hacia nuestra comunidad, la importancia de la participación política y el sentido de pertenencia o identidad”, critica Fierro.
Considerando los altos niveles de desigualdad y pobreza entre los países de América Latina, es perfectamente comprensible que la idea de ciudadanía se entienda y sustente, en cierta medida, en el fortalecimiento de un conjunto de derechos sociales y derechos económicos y que, hasta cierto punto también, “fortalecer la democracia implique robustecer la ciudadanía en esos derechos. No obstante, quedarnos solamente en esa reivindicación de derechos donde la sociedad le debe a nuestros jóvenes educación gratuita, salud o vivienda, pero ellos no le deben nada a su país, resulta extraño”, apela.
Es decir, para el sociólogo, en una sociedad que solo reivindica derechos para sí pero escasas responsabilidades dentro del ámbito público es muy difícil imaginar cómo dicha sociedad puede avanzar, incluso en la conquista y salvaguarda de estos derechos reivindicados por los individuos.
Durante décadas en Chile y Latinoamérica se produjeron luchas importantes para la inclusión política de distintos grupos sociales y que se les concediera el derecho a voto. El sufragio que hoy es entendido como universal, por mucho tiempo en diversas regiones del mundo excluyó a las mujeres, así como también estuvieron marginados los sectores más pobres de las sociedades latinoamericanas bajo la fórmula del voto censitario.
Hoy en día, ese derecho a la participación se entiende sin su correlato de responsabilidad cívica o moral con el desarrollo de una sociedad. “Hay incubada ahí una noción bastante individualista en términos de que prima una noción de libertad basada en una libertad como “no interferencia”, es decir ser libre significa que el Estado no se inmiscuya en lo que yo deseo hacer. En este contexto, el voto no puede ser sino voluntario”, precisa Fierro.
En la medida en que no exista una cultura cívico-democrática en la cual el ejercicio de votar sea comprendido como un derecho pero también una obligación ciudadana, los sectores populares participan menos en los procesos electorales y, a su vez, son los que están menos representados en los resultados de dichos procesos electorales.
Las últimas elecciones presidenciales y municipales estuvieron fuertemente marcadas por altos índices de abstención electoral. Y “las elecciones de estudiantes de federación en la Universidad de Chile escasamente alcanzaron el quórum, por lo que lo que ha terminado permeando las sociedades es el discurso de que la participación no es una obligación ciudadana –lo que señala el discurso típicamente liberal- aun cuando, en principio, esto resulte contradictorio sobre todo para aquellos jóvenes que se movilizan, cuestionando este sistema”, describe.
Desafíos para nuestra cultura cívica
Según indican los estudios en la región, hay un déficit en nuestra cultura cívico-democrática. En ellos, “lo que vemos es que incluso en países como el nuestro, después de haber tenido la experiencia de las dictaduras militares que operaron de facto, con todas las consecuencias que conocemos, a una parte muy significativa de los chilenos y latinoamericanos le da lo mismo vivir en un gobierno democrático o en uno militar”, comenta. Entonces, a pesar de las décadas que han transcurrido desde el retorno a la democracia, la adhesión a los principios democráticos es bastante débil en América Latina.
Los niveles de participación son relativamente bajos y, particularmente, preocupantes en el caso de Chile tras el cambio de modalidad de voto obligatorio a voluntario. “Una de las razones por las cuales se podría entender que tenemos ese déficit de una ciudadanía cívico-democrática, tiene que ver con que el Estado ha abandonado su rol de formar a nuevos ciudadanos. Entonces, la pregunta es ¿dónde ellos se forman?”, cuestiona el académico.
Considerando que las personas no nacen demócratas sino que se van formando a lo largo de la vida, Aristóteles señalaba la importancia de la educación pública y las leyes como principales mecanismos de formación de ciudadanía.
Lamentablemente, en América Latina y en Chile el Estado ha relegado su responsabilidad en este sentido y eso ha significado el completo abandono del sistema de educación pública en esta materia, obviando asignaturas escolares como la educación cívica. “Ha dejado de lado su rol público y, simplemente, ha hecho que las familias (o el mercado) se encarguen de la formación de los nuevos ciudadanos lo que, evidentemente, no está sucediendo, sobre todo en el mundo popular; responsabilidad que no debiera recaer en ellas sino en los gobiernos”, enfatiza.
