Por años los pueblos originarios han exigido mayor autonomía y un Chile “multicultural” que integre, respete y valore la diversidad cultural que ha caracterizado y caracteriza nuestra sociedad. Pero más allá de su real reconocimiento, lo que falta, según expertos, es entregar un mayor poder político a las comunidades locales para que incidan en los a conflictos territoriales y otras materias.
A propósito del proceso participativo que vive la nueva Constitución, el problema central a discutir y plantear en esta etapa del Proceso Constituyente, es qué sucederá en términos políticos si a los pueblos originarios se les reconoce como tales y, por tanto, como naciones, una situación ya zanjada por el Estado plurinacional de Bolivia. Esta es la oportunidad, según el académico del Depto. de Antropología, Andrés Menard, de discutir un tema que no tiene que ver solamente con lo indígena sino que es un tema transversal sobre cómo se toman las decisiones en Chile.
La multiculturalidad o “hecho social de la diferencia cultural”, como precisa el académico Héctor Morales del Departamento de Antropología, da cuenta de la cantidad de expresiones culturales y étnicas tanto regionales como locales, es decir se refiere a una noción colectiva sobre cultura vinculada a una nación o pueblo.
Hasta el momento, la normativa que alude al mundo indígena y a la esfera cultural es el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, tratado adoptado en Ginebra el 27 de junio de 1989 y ratificado por Chile en septiembre de 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre de 2009.
El convenio establece que el Estado de Chile debe consultar a los pueblos originarios las medidas legislativas y administrativas que los afecten directamente, regulando además materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario, uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o relocalización.
También se ocupa de la conservación de su cultura y a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles, entre otras materias. A través de este acuerdo, los pueblos indígenas poseen una herramienta que los obliga a plantearse de una determinada manera cultural, espiritual, ecológica, espiritual y comunitaria, diferenciándose así del resto de la ciudadanía.
Conceptos a tener en cuenta para una nueva Constitución: interculturalidad, multiculturalismo y lo pluriétnico
Desde los años setenta se han producido una serie de circunstancias que obligan a cambiar los enfoques sobre la diversidad cultural. Por un lado, los grupos étnicamente definidos no sólo permanecen, sino que van generalizando la llamada “política de la identidad”, de este modo estos grupos se van convirtiendo en actores políticos cada vez más relevantes, para la estabilidad local y regional. Por otro lado, explica Héctor Morales, los múltiples procesos migratorios en el mundo y la globalización, están dejando de manera creciente obsoleta la vinculación directa entre territorio, sociedad y cultura.
“El análisis de las relaciones entre los grupos étnicos, los migrantes, las minorías y los Estados nacionales en las llamadas sociedades multiculturales, se constituye como uno de los campos centrales de preocupación de estudios contemporáneos, ya que cada vez se ha hecho más evidente que los grupos indígenas y las minorías no se integraban al estilo de vida, manteniendo patrones de comportamientos tradicionales o simplemente diferentes a la media social”, describe.
En este contexto, se desprenden tres conceptos que son necesarios de entender y distinguir. Uno de ellos es la interculturalidad, un espacio social donde se producen los discursos de contacto cultural de comprensión y entendimiento, resultado de la lucha y negociación de valores, conceptos y principios en competencia. La coexistencia de culturas diferentes requiere de espacios formales e informales para el desarrollo de las relaciones sociales. Por tanto, pluralismo o multiculturalismo son procesos propios de un diálogo intercultural.
“Los mecanismos que operan dentro de este espacio intercultural, tienen una clara intensión colonizadora, es decir, transferir al otro la mayor cantidad de distinciones; por tanto, el “diálogo cultural” es el resultado de las dinámicas de lucha y resistencia de distinciones de ambas partes, por ello tratar de separar analíticamente las culturas dominantes de las dominadas socava, para este análisis, la posibilidad de comprender el grado en que todos los participantes, en un encuentro de larga data, se han afectado recíprocamente”, comenta Morales.
El multiculturalismo, en cambio, tiene que ver con la diferencia cultural, pues esta se abrió camino en el pensamiento occidental a raíz de cambios de gran envergadura como la constatación de una cultura tradicional, la emergencia de movimientos sociales que promovían estilos de vida alternativos, las reivindicaciones etnonacionales, la intensificación de los fenómenos migratorios, la exigencia de derechos de las minorías y la globalización de las comunicaciones.
Según el académico del Departamento de Antropología, el multiculturalismo se trata de una producción liberal y, además, es parte de un dilema que es el hacer valer un marco de reglamentaciones dado por la ideología neoliberal, frente a las otras culturas con otros marcos legales. “El término multiculturalismo designa a diferentes formas de pluralismo cultural, que puede estar tanto basado en la colonización de un Estado sobre pueblos originarios como en la migración de grupos culturalmente distintos al ámbito que los recibe” apela.
El foco de atención se ha puesto en los problemas planteados por la incorporación de las minorías, en nuestro caso indígenas, migrantes o sexuales a las dinámicas nacionales. “La pregunta que suele formularse es ¿hasta qué punto los indígenas tienen derecho y cuáles son los marcos legales para el desarrollo de sus propias tradiciones culturales?”, cuestiona el académico de Antropología.
Desde la perspectiva de la ciudadanía multicultural, existe una conceptualización que puede ayudar a dar respuesta a este tipo de interrogantes de otorgar derechos especiales a las minorías, pero desde una perspectiva liberal. Los derechos civiles, políticos y sociales son insuficientes para asegurar el respeto a las minorías. El designio multiculturalista, define Morales, “es el manejo de la diversidad cultural en las sociedades liberales, acorde con las nuevas necesidades de la globalidad transnacional”.
Finalmente, el concepto de lo pluri-étnico refiere a las categorías que los grupos étnicos establecen asociadas a la biologización de la pertenencia, visibilización de las prácticas culturales, la afirmación de una soberanía propia siempre en detrimento de la del Estado, el reclamo de una soberanía territorial y una dinámica combinación entre el derecho, mercado, la cultura y la identidad. Al respecto, los grupos étnicos deben considerarse una forma de organización, la organización social de las diferencias culturales que están subjetivamente definidas por los propios actores sociales, lo que genera un proceso de auto-descripción y clasificación.
En términos generales, lo pluri-étnico corresponde a los grupos que “en la semejanza del hábito exterior y de las costumbres, o de ambos a la vez, o en recuerdos de colonización y migración, abrigan la creencia en una procedencia común y una comunidad de sangre con un sentimiento de pertenencia-parentesco y ascendencia común”, explica.
Más poder para las comunidades locales
De cara a un Proceso Constituyente participativo, según Héctor Morales, la discusión de una nueva Constitución debe plantearse de la siguiente manera: “Consagrar como principio el pluralismo étnico y el respeto a la autodeterminación de los pueblos”. Asimismo, se debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas atribuyéndoles el goce de derechos, deberes y garantías consignados en la propia carta magna”.
También es necesario reconocer y proteger la diversidad cultural, resolviendo la paradoja de fortalecer la unidad nacional en la diversidad e igualdad cultural. “Una cosa es la diversidad como sistema plural de formas culturales y otra muy diferente es el complicado escenario de las interacciones y limitaciones con que se realiza o no la diversidad en la política”, aclara el docente.
Andrés Menard señala que lo que está en juego es determinar cuál es el rol e incidencia que tienen las comunidades locales: “El problema es cómo empoderar o dar niveles de autonomía y capacidad de decisión a las comunidades locales o regionales para decidir qué es lo que ocurrirá en su territorio”. El académico eliminaría radicalmente el concepto de multiculturalidad, ya que hasta el día de hoy suele asociarse a los ritos, espiritualidad y costumbres de una comunidad.
“Esto contribuye a una estetización más que a una politización de lo indígena; es decir ojalá se vistan de mapuche y hagan sus rituales, muy distinto es que los mapuche sean inversionistas mayoritarios de las empresas que explotan recursos naturales, por eso lo multicultural resulta más sencillo de aceptar y reconocer”, critica Menard.
Lo que hay que hacer al respecto es darles mayor poder político a las comunidades locales y regionales para que interfieran en la toma de decisiones sobre temas regionales. En este sentido, “debemos buscar y generar distintas formas de representación política a nivel local. Quizás habría que hacer regiones más grandes que tengan niveles de autonomía mayores, o “macroregiones” , cada una de las cuales tenga su propio presupuesto y autoridades electas, y que los recursos e ingresos producidos en la región permanezcan ahí”, propone el académico de la Facultad de Ciencias Sociales.
Junto con el reconocimiento y autonomía de los pueblos originarios, los distintos grupos sociales que habitan y coexisten en una zona geográfica también deben poseer más derechos políticos y sociales, comunidades como, por ejemplo, los mapuche, magallánicos, coihayquinos o chilotes. A diferencia de la idea de nacionalidad o “ser chileno(a)” que ha imperado tradicionalmente, especialmente en el Chile central, asociada a un estado natural, el investigador revela que “el ser chileno(a)” es en realidad una práctica voluntaria, un vínculo político, más que un “dato natural o biológico”.
Ejemplo de cómo viven la chilenidad ciertos habitantes de regiones, son los coihayquinos, quienes se visten de gaucho, hablan con acento argentino y beben mate, sin embargo, para el 18 de septiembre se visten de huasos. Por tanto, “nosotros no somos naturalmente chilenos, sino que nuestro vínculo con el Estado chileno es de tipo político y, por tanto, tiene que negociarse. Yo creo que ese modelo es muy sano y debiera ampliarse a todos y todas”, comenta Andrés Menard.
Entonces, hay que instalar los conflictos, discutir y negociar. Al respecto, según el académico, la solución no es realizar más consultas o cabildos, ni formalizar procesos como plebiscitos o referendos que no tiene ningún peso vinculante, sino más bien crear y consolidar una estructura de representación comunal y regional, donde se realicen asambleas y parlamentos que incluya la participación de diversos representantes de la región.