Columna de opinión

Encierros y marginaciones en niños y niñas

Encierros y marginaciones en niños y niñas

En el marco del trabajo educativo con niños y niñas en contextos de encierro y marginación social (redpece.cl), surge la necesidad y urgencia de posicionar la discusión acerca de las situaciones que implican sus cotidianeidades, y que gatillan e impactan –muchas veces de forma negativa– sus vidas.

Posicionar el debate nos convoca a levantar diversas aristas. En este sentido, el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile junto a la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro (PECE) se encuentran realizando diferentes encuentros entre académicos(as), estudiantes y la sociedad civil para plantear y problematizar las complejidades de que atañen y afectan a niños y niñas; develar a través de análisis e investigaciones las dificultades, tensiones y nudos que los envuelven, con posibilidades de abordar las vulneraciones y los posibles mejores escenarios y rutas para su desarrollo y bienestar armónico.

Queda claro que no basta el sólo ejercicio de la Convención de los Derechos del Niño y, en su marco, la atención que entregan las diversas instituciones dirigidas hacia la infancia. Al respecto, nos compete -por sobre todo- reconocer el significado que le asignamos hoy al vivir de y con los niños y niñas, las presiones y prisiones que los(as) abruman en sus trayectos de vida. Este escenario nos permite aproximarnos y posicionar al niño y niña en su condición de sujeto; éste nos resulta crucial a la hora de nuestro abordaje desde diversas disciplinas para un hacer pedagógico pertinente y consistente.

En una fase inicial, la situación de los niños y niñas en su condición de sujetos participativos, creadores, opinantes, hacedores de sus juegos nos interpela. Las huellas que nos han dejado acontecimientos de violencia maltratos, abandono, explotación, abuso sexual, exclusión y otros tantos horrores cometidos nos han conducido a un lento y casi escabroso abordaje. Hay situaciones de vida de niños y niñas “suavizadas” y olvidadas, restándoles la importancia y urgencia que merece; esta es una paradoja y debemos estar atentos(as) a ella.

Con la intensión de abrir el debate, en un reciente foro sobre infancia -titulado Segundo Foro Infancias Clausuradas "Medicalización en niños y niñas"- la psicóloga Pamela Soto y Magíster en Derecho de Infancia Adolescencia y Familia, quien también cursa el Doctorado de Ciencias Sociales de la U de Chile, planteó ideas generales respecto de las condiciones de los(as) niños(as) como sujetos de derechos y las políticas públicas. En sus palabras, el Consejo de la Infancia ha presentado proyectos de ley con reformas sustantivas que implican Ley de garantía de derechos, de un defensor de la infancia, pero que también implican la superación de la institucionalidad administrativa de infancia de lo que es hoy el Servicio Nacional de Menores (SENAME). La reflexión debiera centrarse en pensar en dichas transformaciones y sus procesos.

En este marco, la Oficina del Consejo Nacional de la Infancia redactó las bases de lo que será el futuro Servicio Nacional de la Infancia; Pamela Soto al respecto, señaló: “Esto ha pasado inadvertido, a la vez que ha habido un profuso interés de la sociedad chilena sobre la situación de los organismos de atención a niños. Una primera premisa que llama la atención es que la deliberación acerca de cuál será la forma de proteger la infancia en Chile se ha desarrollado a puertas cerradas, y la información al respecto ha sido bastante limitada”.

Se ha pasado por alto la necesidad de generar un debate en la sociedad civil, ampliando la brecha Estado y sociedad. Pareciera que la voz de la ciudadanía sólo está limitada a ser expresada en un cierto momento; “la falta de participación general y la opinión de los(as) niños(as) es escasamente considerada y nos encontramos en un escenario especialmente complejo respecto de la legitimidad de los cambios propuestos”, apeló Soto.

En esta misma línea, agregó que “el Consejo Nacional de la Infancia surgió, y con retraso, tras 25 años de haber ratificado la Convención de los derechos del niño (1990), con el compromiso de modificar la legislación e institucionalidad de la infancia”. Pertinente es, por tanto, preguntarse qué lugar se le da al sujeto infantil en nuestro país.

Si bien estamos pensando en el posicionamiento que tienen los(as) niños(as) en estos cambios, cómo serán nombrados(as), su protagonismo pareciera estar muy distante; su rol pareciera ser el tradicional mero receptor colaborando de este modo a las lógicas de protección, desdeñando el potencial de los(as) niños y niñas, desestimando sus experiencias de vida.

En el caso particular de la atención a niños y niñas que son parte de la red del SENAME, ésta según la psicóloga se encuentra sumida en una ilusión de resguardo. Los(as) trabajadores(as) desarrollan sus labores con esfuerzo, “porque en algún lugar alguien les delegó esta función ilusoria de estar protegiendo a la infancia, siendo que lo que en realidad ocurre es que están atendiendo a las necesidades de los niños y niñas que tristemente el sistema ha seleccionado para ir a estos centros del SENAME”.

No se puede negar la condición laboral extrema que los(as) condiciona, con lineamientos técnicos deficientes y mal construidos en un contexto de pobreza y escasez de materiales, por ello se han pedido a trabajadores(as) que operan bajo el lema “dar hasta que duela”, semejante a la situación que experimenta el Hogar de Cristo.

En este contexto de vulneraciones, “se ocultan historias e individualidades particulares necesarias de considerar en una política racional”, subrayó. En un escenario donde prima la precariedad, el nuevo sistema de protección a niños y niñas debería preocuparse de no prescindir de las lógicas actuales, ya que éstas requieren ser analizadas cuidadosamente para hacer las transformaciones sustantivas en salud, educación y el bienestar general que esperamos para nuestros niños y niñas. Para esto se vuelve imperioso que las personas que trabajan con niños(as) puedan participar del debate en esta materia.

Nos ocupan las acciones virtuosas pero con los(as) niños y niñas, razón por la cual nos preocupan las relaciones e intervenciones que reciben en diversos contextos, entre ellos los centros de residencia del SENAME. El sistema de resguardo opera sobre niños y niñas que han sufrido vulneración de sus derechos, contexto del cual la psicóloga identifica dos elementos implicados en su abordaje: la selección y el diagnóstico.

Según Paulina Soto, “no se puede analizar cómo reacciona el Estado sin tomar en cuenta la estructura económica donde se produce. Como sucede en el derecho penal, el sistema actúa y castiga a “menores” de las clases subordinadas. Esta selección está en el centro de la política de protección en la actualidad y ocurre en el contexto de una sobrepoblación y judicialización, asociado a la pobreza, la exclusión social y los derechos sociales, afectando fundamentalmente a niños y niñas de sectores populares”.

A su vez, esta selección opera como control de la peligrosidad de sectores sociales. La selección supone escoger conductas de los individuos que las ejecutan; los actores privilegiados de esa clasificación a través de los cuales ingresan los(as) niños(as) al sistema son: carabineros, jueces, personal de las escuelas, del servicio de salud, entre otros. Sin embargo, en la capacidad del sistema -tan particularmente sofisticado- se observa un error.

Es posible predecir que quienes recibirán la atención del SENAME provengan de sectores pobres y familias bajo el estigma de las propias privaciones en la que han sido sometidos en su origen y por sus condiciones socioeconómicas. De alguna manera, este factor de condición de vida insegura tiene más peso que la vulneración al sistema; más aún, en dicha vulneración sobre la cual se pone una lupa puede ser el propio Estado el que vulnera los derechos. Aquí tenemos el problema de la selección.

Otro elemento importante tiene que ver con el diagnóstico psicosocial, no sobre los derechos vulnerados, sino la vulnerabilidad del(la) propio(a) niño(a), de su psiquis, de su entorno familiar que es evaluada. Esta vulnerabilidad que no debiese ser un atributo personal, más bien un elemento que exprese una determina posición social, es el lugar donde ocurre la vulneración de los derechos.

La vulnerabilidad no se encuentra dentro del individuo sino que es el resultado de una situación material de existencia. El diagnóstico psicosocial ha sido un elemento relevante dentro del proceso, contando con numerosos recursos para la posterior intervención. Los recursos del sistema están puestos en el diagnóstico: psicólogos, trabajadores sociales, técnicos sociales; recursos, metodologías test, visitas domiciliarias. Con todo eso se aprecia que el trabajo de diagnóstico se lleva el mayor peso del sistema.

Se puede pensar que un buen diagnóstico derive en una buena intervención, pero sabemos que la intervención es pobre o insuficiente y los espacios para la intervención especializada son escasos. La intervención a los(as) niños(as) responde a lógicas individuales del caso a caso, tratamiento que más que por la estructura de la intervención pasa por las personas que la ejecutan. Como consecuencia, situaciones de intervención tienen respuestas y, por ende, resultados que también responden a un esfuerzo individual, un escenario que refleja la falta de esfuerzos comunes, de partes que dialoguen y analicen las situaciones reales y cotidianas. Esto, considerando y enfatizando que se ha privilegiado el encierro como forma/espacio de intervención, gestionando así, y como señala Paulina Soto, la vulneración de derechos a la infancia que “es la misma en que se trabajó con la infancia infractora”.

Por otro lado, la medicación reiterada -y a veces sin mayor justificación- es un fenómeno recurrente que se les impone a los(as) niños y niñas. Este fenómeno surge como forma de gestión de los problemas: “Aparece como una fuente de recursos ante la precariedad de la intervención”, comentó la psicóloga. La medicación es también la gestión de la dificultad de la intervención y, de alguna manera, cuando se disciplina a niños(as) considerados(as) “problemáticos(as)” esta farmacolización sirve como forma de contención. A propósito de la muerte de Lissete, resulta horroroso pensar cómo la excesiva medicación opera cual doblegación del cuerpo, al punto de llevarlo al fallecimiento. “Es en este contexto de selección e intervención donde ocurre la medicalización”, inquirió Soto.

La medicación vendría siendo la presencia de una ausencia, esta última referida a estrategias socioeducativas inclusivas e integradoras para el abordaje de la situación de necesidades, y potenciación de capacidades por la que atraviesan los(as) niños y niñas. Si hablamos de violencia hacia ellos(as), el uso desmedido de fármacos más que cubrir una supuesta necesidad, constituye un ejercicio de violencia.

El sujeto niño y niña nos debe interpelar; todos(as) quienes trabajamos con niños y niñas debiéramos sentirnos convocados(as) a dialogar y debatir para contribuir en políticas públicas que no generen una infancia desdeñada como ocurre actualmente. Políticas públicas que modifiquen las lógicas y clausuras impuestas por el control, así como también las lógicas mecanicistas y la política irracional de la institucionalidad que, supuestamente, vela por el bienestar de niños(as) pero que en la práctica, los excluye, y como hemos sabido públicamente, no concibe en su especificidad a los(as) niños(as) como sujetos plenamente creativos, libres; clave al pensar verdaderamente en nuestra humanidad.

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