No es raro que disputas ideológicas deriven hacia una disputa por la significación de las palabras. Es lo que pareciera estar ocurriendo respecto del significado de la expresión universidad pública. Mediante el fácil expediente de desvirtuar el contenido que ha tenido en nuestra sociedad el término público, transformándolo en la simplicidad de ser de acceso al público, tal como es público un cine o un restorán, se puede plantear que todas las universidades son públicas, lo que las hace iguales y comparable unas con otras. En nombre de la igualdad, no tendría sentido reclamar tratos diferentes para los iguales.
Para los que sabemos lo que es una universidad pública en todas partes del mundo, puede parecer innecesario definirla, sin embargo, la persistencia mediática del discurso destructor de lo público poco a poco ha ido arrinconándonos, al punto de que ahora meramente hacemos referencia a la propiedad estatal de la Universidad y tratamos de evitar enredarnos con las confusiones de lo público que se han estado instalando.
Una Universidad pública es una universidad que no tiene un dueño con intereses ni concepciones religiosas, doctrinas o ideologías particulares. La universidad pública es la universidad que es de todos; es estatal porque el Estado es la expresión de la voluntad del todo nacional. Es en esta perspectiva que desarrolla sus funciones fundamentales de docencia, investigación-creación y extensión.
Una Universidad pública es una institución de educación superior que existe para cumplir con el derecho ciudadano a la educación en todos sus niveles, de acuerdo a los conocimientos y la formación ciudadana que la sociedad define como necesarios; una universidad pública desarrolla la investigación que la nación necesita para aumentar sus conocimientos y enfrentar sus problemas; una universidad pública esta comprometida a entregar a toda la comunidad del país el producto de su trabajo, extendiendo sus estudios y creaciones más allá de los límites de sus dependencias. Su pluralismo es una consecuencia necesaria del hecho de ser una universidad de todos. De aquí también deriva la transparencia de su gestión y las normas que rigen su convivencia interna.
La Universidad de Chile se define como una universidad pública. El problema de su confusión con universidades privadas deriva del hecho de que ha sido despojada cada vez más de su carácter público. Forzada al autofinanciamiento, ha tenido que optar por vender en el mercado su docencia, con lo cual no aparece respondiendo al derecho a la educación de los ciudadanos, sino como un oferente ante la demanda de estudios con poder de compra, sea al contado, con crédito o con subsidio estatal. Sus investigaciones se financian con proyectos que instituciones externas definen como prioritarios o directamente con venta de estudios de interés privado. Su extensión se limita cada vez más por falta de recursos y tiene que recurrir al interesado aporte privado y a vender sus producciones.
Es difícil determinar cuánto de público le queda a la Universidad de Chile, más allá del hecho de que sus académicos y funcionarios son considerados empleados públicos y que la Contraloría la considera un servicio público en términos de fiscalización. Anecdóticamente, ni siquiera sus espacios son espacios públicos donde pueda transitar la ciudadanía sin comprobar que pertenece a la corporación mediante la documentación adecuada. En cuanto aporte estatal a su financiamiento, éste no sólo es exiguo (aproximadamente 14% de su presupuesto), sino que se le otorga como universidad "tradicional" tal como a las privadas de ese carácter agrupadas en el CRUCH.
Las actuales demandas de las universidades estatales, de no estar sometida a los controles propios de los servicios públicos y de poder endeudarse por períodos más largos, de ser acogidas limitarán aún más el carácter público de tales universidades. Sólo quedaría eliminar la condición de empleados públicos de sus funcionarios, lo cual en buena medida ya se logra a través del recurso de comprar servicios académicos y administrativos mediante contrato de honorarios, lo que les permite bajar costos y ser más competitivas en el mercado. En cuanto al aporte que le hace el Estado como "tradicional", todo parece indicar que se le tratará de reducir aún más en la perspectiva de su eliminación.
En la actualidad el elemento distintivo y diferenciador de nuestra universidad pública pareciera ser el espíritu que aún anima, quiero creer que mayoritariamente, a sus académicos, funcionarios y estudiantes. Un espíritu que confusamente se expresa en términos de sentido público, pluralismo, democracia interna y otros, que dan cuenta de la pretensión de orientarse y definirse con prescindencia de doctrinas religiosas o políticas y ejercer sus funciones sin someterse a los intereses del mercado. Un sentir que es una universidad de todos y para todos los ciudadanos, aunque esa voluntad del todo que es el Estado se niegue a sostenerla.
No es fácil en las condiciones de privatización a que ha sido empujada la universidad pública reclamar por un aporte estatal sin que surjan denuncias de privilegio injustificado. Cosa distinta sería intentar seriamente recuperar y potenciar su carácter de universidad realmente pública, que obtenga del Estado el aporte que como tal le corresponde y que en todos los países se le otorga para que efectivamente pueda funcionar como universidad pública.
Es posible que ante las actuales autoridades políticas del país nada se obtenga con una u otra estrategia, como nada o casi nada se obtuvo de las autoridades anteriores, pero la orientación a ser una universidad propiamente pública tiene proyecciones que el conformismo y privatización no tienen. Por cierto que en cualquier alternativa la Universidad de Chile puede mantener y aumentar su excelencia académica, porque eso es independiente de su carácter público o privado. Como suele suceder, si se quiere algo es conveniente aclarar qué es ese algo que se quiere.