Tras siete meses de trabajo, el pasado 22 de marzo el Ministerio de Cultura selló un acuerdo con 210 representantes de pueblos originarios de todo el país para incluir sus requerimientos en el proyecto de ley que, entre otras medidas, creará el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y un Consejo de Pueblos Originarios conformado por representantes de los nueve pueblos reconocidos en Chile, proceso que se enmarca en discusiones más amplias sobre el horizonte de aplicación de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT en nuestro país.
El Consejo Nacional de la Cultura (CNA), implementó un proceso de consulta previa, de acuerdo a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, para la generación del proyecto de ley que crea transforma a dicho consejo en ministerio. Parte de los resultados de dicho proceso se aprecian en el nombre que se propuso para este nuevo ministerio que reconoce la diversidad y pluralidad de culturas y artes en nuestro país.
¿Cómo impacta esta situación a la transformación de la sociedad chilena? ¿Qué puede llegar a implicar para la resolución de las demandas de los pueblos originarios? Estas y otras aristas, se abordaron con dos integrantes de la Cátedra Indígena del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales.
Culturas, conocimientos y patrimonio
Una de las principales resoluciones alcanzadas entre el Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA) y los pueblos originarios después del cierre de la consulta, es que junto con la creación de un Consejo de Pueblos Originarios se incorporan los principios de reconocer, respetar y promover la pluriculturalidad preexistentes en el país, y la inclusión del concepto de “patrimonio cultural indígena”.
El concepto de patrimonio indígena, explica Salvador Millaleo, Doctor en Sociología, Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, miembro de la Cátedra Indígena y Director del Programa Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, es el usado por la Unesco para tratar de referirse a aquellos elementos que correspondan a la tradición de determinados grupos o pueblos y que son heredados.
Para que esto sea efectivo, determina Millaleo, “debemos generar derechos para que este concepto de patrimonio no sea etéreo. Con esto me refiero a que si vamos a promover el patrimonio indígena y las empresas usan el nombre o algún símbolo indígena como marca, toman las plantas medicinales y patentan sus usos haciendo fármacos y no comparten ningún recurso con los pueblos indígenas, entonces no estamos hablando en serio”. Al respecto, es necesario reconocer y resguardar los conocimientos que se han generado y mantenido producto de prácticas culturales específicas.
La posesión de recursos naturales es un derecho constantemente vulnerado “cuando proyectos empresariales explotan recursos naturales vinculados a las culturas indígenas sin consulta previa. Vemos también que la represión por parte de la policía a protestas, reprime el derecho a la manifestación pacífica, entre otros ejemplos”, critica Millaleo.
A modo de ejemplo, el artículo séptimo de garantías y derechos de los pacientes “reconoce los sistemas de salud indígenas pero a un nivel declarativo. Lo que necesitamos es una reglamentación efectiva que proteja las plantas medicinales, a los cultores de las medicinas, a las prácticas indígenas y que sean financiadas a través del sistema público de salud”.
Su mayor preocupación insiste en que si no hay un enfoque de derechos que respalde la visión de patrimonio, se transformaría en una declaración de buenas intenciones y “los pueblos indígenas ya estamos cansados de las buenas intenciones”, apela. En ese sentido, es necesario que el Estado traduzca las declaraciones de derechos en garantías efectivas dentro del marco jurídico: “Todo gobierno debe respetar el sistema jurídico y los derechos fundamentales que están consagrados en él, pues la idea es que no se modifiquen con el gobierno de turno”.
Reconocer la existencia de procesos socioculturales de producción, valoración, uso y legitimación de conocimientos y tecnologías, desarrollados en contextos alejados de la norma científica occidental, resulta hoy día fundamental, tanto para resguardar sus usos y reconocer sus autorías, así como para, por ejemplo, permitir que sean incorporadas, conocidas y legitimadas en el sistema escolar, como otras formas de ver, comprender y organizar el mundo social, la historia. Este reconocimiento básico debe partir con las lenguas originarias.
El reclamo fundamental de los pueblos indígenas radica en que se reconozcan derechos culturales, principalmente de tipo lingüístico, como educarse mediante su propia lengua y que esta sea protegida y promovida. Recientemente, sólo la Región de la Araucanía ha establecido al mapudungun como lengua co-oficial.
El Consejo de Pueblos Originarios
Uno de los aspectos clave que se promueven en torno a la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es la creación del Consejo de Pueblos Originarios. Para Claudio Millacura, doctor en Historia, y coordinador de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, tanto las posturas a favor como en contra sobre si la conformación de un consejo sería la respuesta adecuada son legítimas, no obstante, las demandas de los pueblos indígenas son más complejas y “abarcan mucho más que una respuesta institucional de este tipo”.
Dentro de las funciones del nuevo ministerio, es primordial que el enfoque con el cual se implementen las políticas públicas en materia indígena se amparen en un enfoque de derechos. “Eso es lo que siempre va a generar sospecha porque, normalmente, la Concertación y hasta ahora la Nueva Mayoría no se han caracterizado por tener un enfoque de derechos, sino más bien continuar con el enfoque tradicional de generar políticas públicas, que son temporales y precarias, muchas veces carentes de participación”, comenta Salvador Millaleo,
No cabe duda que lo que ha caracterizado la relación entre pueblos indígenas y Estado nación es la falta y ausencia de diálogo, sin embargo, “uno de los mayores avances al respecto son estos llamados a consulta”, destaca Millacura. Lo importante es que fruto de estos diálogos, “se generen acuerdos mínimos en los cuales el Estado implemente no solamente políticas diseñadas desde el Estado hacia los pueblos indígenas, sino que este realice el ejercicio de escuchar, de considerar o conocer las motivaciones y las reales demandas indígenas”, complementa.
En este sentido, un ejemplo que destaca el profesor Claudio Millacura es el de las comunidades aymaras. “Si hoy el gran problema que dichas comunidades tiene que ver con el agua y con la presencia de las empresas mineras en su territorio ancestral, claramente la creación de un Ministerio de Cultura o un Ministerio de Asuntos Indígenas resuelve solamente sus problemas en la medida en que se creen los caminos o vías de comunicación para que las comunidades indígenas -a través de esta institucionalidad- puedan hacer llegar al Ejecutivo sus reclamos”.
Sin embargo, el coordinador de la cátedra indígena señala que el proceso de diálogo debe desarrollarse primero entre las propias comunidades indígenas. “Pienso que nosotros debemos comenzar a ejercitar el derecho a llegar a acuerdo o no llegar a acuerdo”, lo que muchas veces se ve dificultado por factores culturales e históricos. “Esto se supera con más diálogo, ya que mientras el Estado y la sociedad chilena no se abran al proceso de conocimiento de sus poblaciones indígenas, la sociedad chilena siempre va a adolecer de este componente que enriquecería el proceso democrático”, afirma Claudio Millacura.
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En total, los acuerdos ratificados tras el cierre nacional del proceso de consulta previa a los Pueblos Indígenas realizada por el Consejo nacional de Cultura y las Artes (CNCA) suman 14. Algunos de ellos son: • El Estado impulsará el reconocimiento de los pueblos preexistentes, como por ejemplo, el pueblo Chango. |