Académicos señalan que nuevo protocolo de Comunicaciones no resuelve el temor de la ciudadana a la delincuencia

A raíz de la última encuesta de Paz Ciudadana-Adimark que revelaba una disminución de la cantidad delitos cometidos en nuestro país y un alza en el temor de la población frente a estos actos, el Gobierno decidió impulsar un protocolo de Comunicaciones que regula el actuar de Carabineros y la Policía de Investigaciones ante los medios de comunicaciones para revertir la sensación de inseguridad ciudadana. Una medida que ha generado polémica al ser calificada de “censura” y que, según algunos académicos, si bien la influencia de la prensa es real no considera otros factores que también influyen, más allá de las publicaciones en prensa.

Diariamente, los noticieros televisivos destinan parte importante de sus contenidos a la crónica policial, siendo el ejemplo más reciente el “fenómeno de los portonazos”. Los principales medios del país instalan ciertas nociones, ideas y temas en la agenda nacional. En este sentido, “el marcado énfasis de la prensa por informar sobre delincuencia tiene por lo menos una data de 10 o 15 años, con determinados perfiles de personas entrevistadas y formas de abordar la noticia”, comenta el Prof. Bernardo Amigo del Departamento de Sociología.

La prensa, al emitir de forma reiterada contenidos sobre robos, atracos o hurtos, genera la sensación en la audiencia de que “son hechos frecuentes, que le podrían ocurrir a cualquiera, en cualquier momento y lugar”, destaca el académico del Departamento de Psicología, Decio Mettifogo. Una decisión editorial de parte de canales de televisión, principalmente, que buscan mantener la atención de la teleaudiencia en los noticieros, mostrando sucesos espectaculares, dejando de exhibir otros. “Es decir, la noticia es cuando un sujeto delinque y no cuando se rehabilita, ya que si hay un cambio en la persona eso deja de ser atractivo”, agrega.

Con el nuevo instructivo presentado públicamente el pasado 01 de diciembre que contiene ocho medidas, tanto Carabineros como la PDI estarán más alineados con el Ministerio del Interior, pues entre sus principales puntos establece que las policías informarán a la autoridad de todos los planes destinados a enfrentar fenómenos delictivos de relevancia social y no se anunciarán planes específicos a través de los medios de comunicación sin un previo conocimiento de la autoridad competente.

El material elaborado que se genere con fines publicitarios y de difusión, será revisado y autorizado por la Secretaría de Comunicaciones (Secom), tal como en el resto de los organismos e instituciones dependientes de los ministerios, debiendo contar con el logo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, considerando que “la labor policial es parte fundamental de las acciones del gobierno”, señala el documento. También ordena que tanto la PDI como Carabineros hagan públicas sus políticas de comunicaciones y el presupuesto que se utiliza con esos fines.

Al respecto, “tengo la impresión de que la política del gobierno está orientada principalmente hacia la institución de Carabineros, que en estos momentos funciona muy autónomamente. Hay programas de televisión con un alto rating que exponen el actuar de patrullas de carabineros en barrios pobres de la ciudad, persiguiendo delincuentes y estigmatizando a barrios completos”, afirma Amigo. Por lo que esa sobreexposición de Carabineros que es, a su vez, la sobreexposición al delito “es algo que está fuera del control del control gubernamental”, y como el gobierno no ha podido resolver políticamente el problema de la delincuencia optó por una salida comunicacional.

Temor difuso en la población

En medio de la discusión sobre las razones del mayor miedo ciudadano a la delincuencia, el profesor del Depto. de Psicología, Decio Mettifogo, aclara que es necesario distinguir el registro de ciertos fenómenos social del temor o sensación de inseguridad de la población. Son dos fenómenos independientes pues uno puede aumentar, mientras que el otro no necesariamente incrementará en la misma población.

Las cifras oficiales relativas a delito y victimización demuestran que en el último periodo ha habido una menor cantidad de hechos denunciados, sin embargo, “en ninguna sociedad podemos conocer exactamente el número de delitos que se cometen, lo que conocemos más bien es la cifra oficial del delito que tiene que ver con las denuncias que se realizan ante las policías, Ministerio Público y ante los jueces”. Siendo el delito más común en Chile el robo con violencia y hurto, es decir delitos contra la propiedad.

Acerca de la percepción o temor al delito -que ha despertado la preocupación de las autoridades gubernamentales- basándose en el estudio realizado por el sociólogo chileno Luis Barros en el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, el psicólogo jurídico esboza que dicho medio más bien se trataría de un temor difuso que trasciende a los actos delictivos. Se trata de un sentimiento relacionado a las condiciones de vida de las personas, quienes sienten que viven de manera precaria e incierta.

Hay un miedo que no se basa en un objeto específico, sino que se tiene la sensación de que nada es seguro. “Un día puedes estar trabajando en un lugar pero al otro no; desciende el precio del cobre y, con ello, aumenta el desempleo, entre otras situaciones que ocurren en el país”, recuerda. Asimismo, este sentimiento de incertidumbre se correlaciona a la pérdida de confianza de parte de la población respecto del quehacer de las instituciones.

La confianza y credibilidad son muy difíciles de recuperar, afirma el académico, y solo son posibles de restaurar a través de un proceso de mediano y largo plazo ya que hoy, con el desprestigio de la política, justicia, el fútbol e incluso la iglesia, los(as) ciudadanos(as) solo creen en sus redes personales más directas. La sociedad debe volver a sentirse parte de procesos colectivos mayores, lo que generaría una sensación de estabilidad y confianza social.

La efectividad de una política comunicacional

En su aplicación, Bernardo Amigo anticipa que el protocolo puede ser poco efectivo ya que Carabineros es una de las instituciones más autónomas del país, por lo que podría seguir funcionando con sus propias normas. “Se trata de una medida que está más orientada o intenta resolver un problema de manera lateral ya que no se pueden intervenir en las políticas de dicha institución, subordinada al poder civil, por esta razón, se establecen medidas no con el alto mando sino que con el director de comunicaciones de dicha institución en un protocolo que es casi un acuerdo”, argumenta.

Para el profesor Mettifogo también resulta complejo regular qué información se revela de parte de las policías y el gobierno a través de la prensa, lo que tampoco garantizaría cambios en la percepción ciudadana. En el fondo, con este nuevo instructivo, el gobierno pretende que, de alguna manera, “aparezca de manera más visible la presencia de la acción del Estado en toma de resoluciones”.

De manera constante, los recursos y acciones estatales para revertir el fenómeno de la delincuencia se han focalizado en el control o persecución pero no en la prevención y, mucho menos, en la reinserción social, de modo que la posibilidad real de “poder dar una respuesta más completa al fenómeno es muy limitada y eso ha sido un elemento histórico en nuestro país”, enfatiza Mettifogo.

Hace pocos años se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no obstante, los esfuerzos en el campo preventivo continúan diseminados en el sector público en distintos espacios, sin haber una articulación o plan nacional que contemple y aúne los distintos niveles de acción preventiva.

“Ejemplo de la desarticulación que hoy existe la podemos encontrar en que la mayor parte de los programas que intervienen con adolescentes infractores de ley en sistemas abiertos no rinden cuenta en los municipios donde intervienen. Es decir, los municipios no tienen idea de cuál es la cobertura o cuáles son las estrategias de intervención que se pueden articular para responder a un fenómeno. No hay cuenta pública de aquello que opera en los territorios. La lógica territorial sigue siendo muy segmentada”, afirma.