Hace 52 años que Colombia vive bajo la guerrilla, cuyo término fue alcanzado el pasado lunes 26 de Septiembre con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Acuerdo reciente que este domingo 02 de Octubre será revalidado por el propio pueblo a través de un Plebiscito.
Según una encuesta realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco, el 66 por ciento de los colombianos votará por el Sí, frente a un 34 por ciento que no quiere que el Acuerdo de Paz se implemente. Ante el nuevo escenario social que se aproxima, conversamos con dos estudiantes colombianos de Postgrado de nuestra Facultad, conocimos sus realidades y perspectivas sobre la era postconflicto armado.
Infancia y juventud marcada por la guerrilla
Dery Suárez (36), actual candidata a doctora en Ciencias Sociales de la U. de Chile y también Magíster en Psicología Comunitaria de la misma casa de estudios, nació en Bogotá pero su infancia y parte de la adolescencia la vivió en un pueblo pequeño llamado El Hobo.
Desde las cercanías de Richmond, Estados Unidos, donde se encuentra terminando su tesis doctoral, recuerda su pasado en dicha localidad colombiana vinculada y afectada por el conflicto armado. “Mi pueblo fue tomado por la guerrilla, grupos armados llegaban a edificios municipales, estaciones de policías y bancos, todo en el marco de objetivos militares específicos”.
La vida social estuvo muy permeada por la presencia militar y paramilitar. Lo que vivían las familias se asemejaba al temor y desconfianza que rondaba en Chile durante la dictadura militar, con rutinas tan cotidianas de ese entonces como llegar temprano al hogar, no salir, no conversar con personas extrañas y desconfiar de los(as) vecinos(as), produciéndose una gran ruptura del tejido social.
Su familia participaba frecuentemente en actividades comunitarias, lo que fue motivo de amenazas. “Mi papá, por ejemplo, fue amenazado por organizar una cooperativa de transportadores, yo tenía 16 años cuando ocurrió ese episodio. Por su parte, mi mamá se desempeñaba como profesora rural y también recibió amenazas por estar trabajando en una junta de acción comunal (junta de vecinos)”, relata.
Más tarde regresó a la capital para cursar sus estudios de Psicología en la Universidad Nacional de Colombia. Como universitaria participó en proyectos de trabajo psicosocial, dirigidos a víctimas directas o indirectas del conflicto armado. La realidad urbana distaba mucho de la rural: “Había una percepción e impacto diferente para quienes vivieron todo el tiempo en ciudad y en las capitales, donde se veían muchos desplazados. Es como si en cada semáforo de la calle tuvieras una familia o niños de seis años pidiendo dinero. En la parte rural era otra cosa, había municipios mucho más agredidos, donde, por ejemplo, galones de gas fueron utilizados para explotar en ciertos lugares”.
Otra visión y experiencia del conflicto
A diferencia de Dery, Juan Carlos Barbosa (52) oriundo de la ciudad de Bucaramanga, no se ha visto afectado de forma negativa por el conflicto armado. Psicólogo de profesión de la Universidad Católica de Colombia (Bogotá), arribó a Chile el año pasado para estudiar el Doctorado en Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales.
Comenta que se ha visto inspirado positivamente en algunos de los momentos y propósitos de fondo que han marcado la guerrilla. “En general uno puede limitarse a ver los efectos negativos en la vida de los directamente afectados con el secuestro, los ataques a la poblaciones con cilindros o el reclutamiento de menores. Pero las guerrillas son una manifestación de que el país tiene factores que afectan a toda la población, a los cuales no se ve una salida en el marco del sistema "democrático" que opera. Esa valentía de los intelectuales y campesinos que un día deciden oponerse a al sistema y luchar por un cambio para todos es de admirar”, reflexiona Juan Carlos.
Tras la reciente firma del acuerdo, el estudiante de segundo año del Doctorado en Psicología piensa que éste no significa el fin de la guerrilla en Colombia, debido a que “no es el único grupo armado –otra agrupación reconocida es el ELN– pero además porque sería ingenuo creer que todos los miembros de las FARC concuerdan en desmovilizarse. No creo que sea un grupo homogéneo totalmente controlado por las directivas que firmaron el acuerdo. Por otro lado, lamentablemente el otro ingrediente que se sumó a esa lucha armada es la participación en el negocio del narcotráfico, línea de trabajo que seguramente algunos no querrán abandonar”.
Una nueva vida social
De cara al nuevo escenario social, político, cultural y económico que se avecina en el mediano y largo plazo para los millones de ciudadanos colombianos, no cabe duda que cambiará sustancialmente la vida cotidiana y la forma de relacionarse entre habitantes de un mismo vecindario, pueblo o ciudad.
Para Dery, el Acuerdo de Paz es un punto de partida para la reconstrucción del tejido social en lo que respecta a la confianza, la solidaridad y respeto mutuo, porque tras 52 años de guerra con las FARC y de una situación de desigualdad estructural de más de 100 años, “el conflicto ha generado riñas muy fuertes y una desesperanza de que no se podían hacer más cosas al estar presente el conflicto armado y el miedo a éste”.
Sobre todo, agrega, trae consigo la posibilidad de cerrar un capítulo muy doloroso y violento “en nuestra historia y empezar a enfocarnos en otros problemas sociales que son muy importantes y han quedado en segundo plano a raíz del conflicto”. Problemas de orden económico, social, y ambiental, como la inserción de las empresas transnacionales y la política extractivista del Estado, “que no solamente han destruido territorio natural sino que han desplazado a comunidades enteras, quedando totalmente empobrecidas. A raíz de este proceso, han muerto niños en el país, y eso no es causa del conflicto armado, más bien es resultado de una política económica neoliberal”, describe.
¿Más transparencia y participación política?
Dery Suárez destaca que durante mucho tiempo, personas y políticos del Estado colombiano se han enriquecido cuantiosamente por actos de corrupción. “A pesar de una desmovilización en el anterior gobierno, en este momento, los paramilitares siguen asesinando a líderes campesinos. En universidades públicas de pensamiento crítico como la Nacional continúan las amenazas con panfletos que incluyen mensajes como “Las águilas negras están aquí”, subraya.
Los seis puntos centrales del acuerdo han sido ampliamente divulgados y discutidos en las redes sociales, expresando dos visiones contrapuestas respecto del camino que debiera seguir Colombia. Esta división entre el Sí y el No, en el marco de la votación de este domingo, “ha generado una dinámica que ha evidenciado un clima de violencia que no solamente proviene de la guerrilla. Estamos en un país polarizado por 52 años de violencia con las FARC pero con una desigualdad estructural –insisto– de más de un siglo, donde la violencia ha calado muy hondo”, comenta Suárez. El mayor temor, enfatiza, es al Estado que no ha sido transparente ni democrático.
Por su parte, Juan Carlos Barbosa argumenta que no cree posible que el acuerdo se realice con completo consenso al tratarse de un proceso tan complejo: “Cada quien maneja un conjunto de datos y de posiciones políticas o ideológicas que los hacen interpretar de una u otra forma lo planteado en el texto del acuerdo. Si todos pensáramos igual, deberíamos estar aún más preocupados”.
Acabar con el conflicto armado implica el desarrollo de una nueva forma de hacer política. Conlleva al aumento de la participación de colombianos en este ámbito porque, según Dery, “ante esta fatalidad colectiva que nada se puede hacer, el proceso de paz es un respiro y así se pueden cambiar las cosas; es decir, organizándonos como colectivo”.
Similar postura manifiesta Barbosa, ya que si los acuerdos se cumplen tal como fueron propuestos, vienen cambios que podrían traer efectos significativos a todo nivel en el país. “Pienso que tenemos otras complicaciones que no se resuelven por la firma del acuerdo: el narcotráfico, las actividades paramilitares, la megaindustria minera (no sólo del petróleo) y, en especial, la corrupción (el robo sistemático de los recursos del Estado por particulares), son otras líneas del conflicto social colombiano que perduran. Es posible pensar que el ingreso de otros actores políticos a los entes de decisión del Estado pueda generar algún impacto, pero no soy optimista en eso”.
En términos socio-económicos, la implementación del Acuerdo de Paz generará un cambio fundamental, ya que uno de los puntos contemplados –en un país ampliamente rural– está dirigido al campo, a su fortalecimiento, a la construcción de vías y devolución de tierras a personas afectadas, problemas suscitados en el marco de la guerrilla pero también por responsabilidad del Estado. “Hubo millones de desplazados, quienes de la noche a la mañana debieron salir con la ropa que tenían con sus hijos, dejando atrás a un ser querido muerto”, afirma la psicóloga.
En la era postconflicto que se arrima, “algo grande se viene; no habrá un Rodrigo Londoño –alias “Timochenko”, Comandante de las Farc– como presidente, ni el país pasará al comunismo o al chavismo como mediáticamente lo ha expresado la bancada de oposición. Implica más bien permitir o generar el espacio para que la sociedad vuelva a participar colectivamente en la reconstrucción de sus municipios”, señala la candidata a doctora en Ciencias Sociales.
Muchas comunidades se han empobrecido, subsisten problemas en salud a causa de la privatización de servicios. “Ahora los problemas sociales y sus soluciones se harán de manera más transparente y no se culpará por ello al conflicto armado”, concluye.