Las consecuencias de la Ley de Inclusión Escolar

Largas filas de espera en las afueras de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados de Santiago y otras ciudades del país se han visto desde junio a la fecha. Padres y madres han luchado por un cupo en el colegio Salesianos de Alameda, colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina de La Reina, en el Liceo 7 de Ñuñoa o el Colegio Adventista de Talcahuano, por solo mencionar algunos casos, esperando durante horas bajo gélidas condiciones, pese a que las vacantes son escasas. Sin embargo, dicen que no les importa con tal que sus hijos(as) ingresen a un colegio de excelencia académica.

Al parecer esta situación, que no habíamos conocido en años anteriores, se debería a la entrada en vigencia de La Ley de Inclusión Escolar, la que, según el Ministerio de Educación “entrega las condiciones para que los niños y jóvenes que asisten a colegios que reciben subvención del Estado tengan una educación de calidad”. Sobre esta nueva normativa conversamos con la académica del Departamento de Psicología e investigadora del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), Jenny Assaél.

-¿En qué consiste la Ley de Inclusión?

Es una ley que establece nuevas regulaciones para que los establecimientos particulares subvencionados puedan recibir financiamiento del Estado.

Para ello, deben terminar con el financiamiento compartido, es decir no pueden cobrar a las familias; tienen que dejar de seleccionar a sus estudiantes, y deben constituirse en entidades sin fines de lucro. De no aceptar estas reglas, pueden cerrar sus establecimientos, o directamente pasar a ser establecimientos privados pagados, como cualquier otro colegio privado, sin fondos del Estado.

Hasta ahora, lo que tenemos en nuestro sistema educativo, es un aumento creciente de los establecimientos particulares subvencionados en desmedro de los establecimientos públicos, que hoy sólo atienden a alrededor del 35% de la matrícula. Esto ha llevado a una alta discriminación por motivos socio-económicos y enorme segmentación, pues depende de la condición socioeconómica de las familias en qué establecimiento puede estudiar su hijo(a). Además de la selección que se produce por la capacidad de pago de la familia, también seleccionan por rendimiento de los(as) alumnos(as). Con ello se produce una inequidad e injusticia enorme entre establecimientos privados subvencionados y establecimientos municipales, que son gratuitos y en su gran mayoría no seleccionan.

Por otro lado, estos establecimientos que reciben subvención del Estado -es decir de todos los(as) chilenos(as)- y que también cobran a las familias, legalmente pueden lucrar con dichos recursos.Ante esta situación de injusticia y desigualdad, a partir del año 2006, se levantaron movimientos estudiantiles, con altos niveles de apoyo ciudadano, demandando fin al lucro y educación gratuita. A estas demandas responde la Ley de Inclusión.

-¿Podría explicar un poco más en detalle cómo se aplica esta ley?

Su aplicación es gradual. Parte en las regiones más pequeñas o con menos habitantes, comenzando este año en la Región de Magallanes. En 2018, se empezará a aplicar en cuatro regiones con menos de un millón de habitantes, mientras que en 2019 regirá para todo el país, al menos en el primer ciclo escolar. Y en 2020 ya estaría en régimen en todo el sistema escolar.

Al pasar al régimen de gratuidad, los establecimientos particulares subvencionados recibirán del Estado un aporte por gratuidad, otro por alumnos(as) de sectores vulnerables, los llamados “prioritarios”, y una nueva subvención a estudiantes denominados “Preferentes” que incluye a los ocho deciles de menos ingresos, lo que incluye la clase media.

Por otra parte, respecto de la no selección, se establece una especie de “Tómbola”. Los padres pueden elegir y poner en una lista de prioridad el colegio en que quieren matricular a sus hijos(as), y como los colegios poseen cupos limitados, la selección sería al azar, aun cuando se establecen ciertas prioridades, como por ejemplo, tener hermanos(as) en el mismo establecimiento. No obstante, en la misma ley se abre una brecha que permite, bajo ciertas condiciones, que los establecimientos sigan seleccionando por rendimiento, cuando han tenido una cierta trayectoria de excelencia.

Aunque su aplicación será gradual por regiones, los establecimientos desde ya pueden optar por dejar de cobrar a las familias y pasar a la gratuidad. Para comprender la ley en toda su complejidad tendríamos que entrar en todos sus detalles. Sólo te reseño algunos de los elementos centrales de la misma.

-¿Qué relación tienen con las filas de apoderados para matricular a sus hijos en ciertos establecimientos? A su vez, ¿qué ha ocurrido con nuestro sistema educacional chileno que hemos llegado a este punto de competencia y desesperación por parte de padres y madres que luchan por cupos en colegios de excelencia?

No es fácil dar una respuesta, pues se trata de establecimientos muy distintos, algunos municipales, otros subvencionados, por lo cual cada caso es particular y en la prensa han aparecido muchos más, también con características diversas. Pero creo que se pueden dar varios indicios para entender esta situación.

En una ley tan compleja, donde nadie entiende mucho de qué se trata, con una gradualidad a largo plazo, pero también con la posibilidad de que los establecimientos, por decisión propia, desde ya se adscriban, se están dando distintas situaciones. Algunos establecimientos particulares subvencionados ya han tomados sus decisiones, como pasar a ser establecimientos privados.

Como ya no recibirán subvención estatal se financiarán sólo con el pago de las familias. Entonces, muchas familias que tenían o tienen a sus hijos pagando financiamiento compartido (por ejemplo, 80.000 pesos), el establecimiento al pasar a ser privado aumentarán sustantivamente los aranceles que tienen que pagar los padres (150.000, por ejemplo). Muchos de ellos no podrán seguir manteniendo a sus hijos(as) en estos establecimientos y deberán “elegir” otro. No saben muy bien cómo operará el sistema (¿por azar, por orden de llegada?). Entonces, ¿qué están haciendo? fila en establecimientos de los cuales tienen –supuestamente– buenas referencias (ya sean particulares subvencionados o municipales de excelencia como el liceo 7).

Otros ya han decidido pasar a ser establecimientos gratuitos, seguramente con el cálculo que las nuevas subvenciones son muy buenos incentivos para mantener establecimientos educacionales. Varios de ellos, incluso, podrán seguir seleccionando, un estímulo más. Por tanto, muchos padres pueden estar optando por tratar de que sus hijos ingresen a esos establecimientos que supuestamente son exitosos. En el fondo, están viviendo situaciones de incertidumbre respecto al futuro de sus hijos(as).

-¿Cuáles son los efectos sociales de la nueva ley de inclusión?

La nueva ley entrega mayores recursos del Estado a establecimientos particulares subvencionados. Se mantiene una lógica mercantil y de competencia, en condiciones desiguales entre establecimientos particulares subvencionados y municipales, pues no se está fortaleciendo a la educación pública, que es la que requiere de más y mejores recursos para atender poblaciones con mayores necesidades socioeducativas.

Bajo esta lógica podría seguir aumentando la matrícula en el sector particular subvencionado, ya que padres que antes no accedían a ese tipo de educación debido a sus bajos ingresos ahora si podrán hacerlo, pues será gratuita. Consecuentemente, en 2020 probablemente la educación pública se verá absolutamente mermada.

Las familias migrarán a establecimientos privados, porque se ha instalado en el sentido común el pensamiento que lo privado es mejor que lo público, siendo que no hay ninguna evidencia para sustentar ese fundamento. Al contrario, la evidencia es que quienes más aportan a la educación son los establecimientos públicos aunque tengan menos financiamiento, no seleccionen y atiendan a los sectores con mayores necesidades socio-educativas de la población.

Durante estos 30 años, el mercado ha ido deteriorando la educación pública y, hasta el día de hoy, no hay medidas para revertir esta situación. La normativa apela a la inclusión, sin embargo, lo más inclusivo es lo público (de todos). Si el Estado hubiese, primero, fortalecido lo público, con mayores recursos y mejores condiciones, muchas familias que hoy tienen a sus hijos en el sector particular subvencionado empezarían a valorar más lo público, trasladarían a sus hijos a estos colegios y lo público, y por tanto la inclusión, se verían fortalecidos.