Lo que vivimos hoy en Chile nos llama a reflexionar sobre una recientemente afirmación realizada por Boaventura de Sousa Santos : las democracias pueden morir democráticamente. Esta aparente contradicción se explica en la manera en que gobiernos electos democráticamente conducen al debilitamiento de la distribución de poderes dentro del estado o cómo éste estructura un sistema que se cierra, impide o desconoce la participación de los actores que intentan insertarse políticamente. Por su parte, Touraine (1) apunta a que las democracias latinoamericanas han fracasado en la constitución de lazos entre los movimientos sociales y la política institucional, lo que hace que se alejen cada vez más de la construcción de formas políticas mediante las cuales tramitar problemas sociales como la desigualdad. Este blindaje de la política frente a lo social no sólo preocupa como parte de las causas de las múltiples y diversas movilizaciones sociales actuales en el país, sino porque, a pesar de ellas, pretende imponerse por parte del gobierno actual como el único destino posible.
Presenciamos el llamado a romper una política ensimismada. Una que desconoce el conflicto, y que ha insistido, de la mano del proyecto neoliberal, con despolitizar los temas sociales; mirarlos desde arriba. La crisis de la democracia representativa y de legitimidad de la política establecida es ya un diagnóstico viejo; incluso repetido y utilizado en los discursos de la clase política que reproduce dicha crisis. Pero parece que su conocimiento no ha dado paso a que la política chilena abra las trincheras en las que se ha encerrado. De hecho, a pesar de los desarrollos normativos en la materia de participación ciudadana en el país con leyes como la 10.500, el informe presentado por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana chileno en 2017 señala que ésta es débil y poco responde a la diversidad de las dinámicas de acción colectiva que se producen en los territorios. Lastimosamente, es percibida por muchos como una participación utilitarista y consultiva que deja aún más frustraciones en las personas y grupos que demandan ser escuchados. Voces que se archivan como sucedió con el proceso de constitucional adelantado en el gobierno de Bachelet.
A través de la protesta múltiples voces se han pronunciado con el propósito de irrumpir el monólogo de la política instituida. Estas voces no sólo se han hecho presentes en las consignas cantadas y las letras pintadas en paredes y carteles, sino tejidas mediante la reflexión y la discusión motivada por la preocupación común por lo qué pasa y lo qué sigue. A la explosión gatillada por el malestar social y político le han sido simultáneos diálogos ciudadanos autoconvocados. Numerosos cabildos se han realizado y continúan realizándose a lo largo del país. Organizaciones sociales, colectivos de los más diversos intereses, las poblaciones de barrios y comunas, instituciones académicas de distintos niveles, entre otros, han decidido reunirse no sólo para ser parte y entender las causas de las protestas, sino para dar paso a la comprensión y la construcción de propuestas que puedan transformar las situaciones que le dan piso a esa sensación abstracta de malestar ¿qué pasará con todas las construcciones y propuestas que se están desarrollado por medio de estos cabildos? ¿serán ignoradas por parte del gobierno en una nueva muestra de desconocimiento de la participación de otros actores políticos?
Preocupa las maneras en que el gobierno insiste por pasar la página y volver a una normalidad, la misma normalidad y control que precedió. Se ha instalado un discurso que pretende ser conclusivo con frases de perdón y expresiones como “ya se entendió” y “se ha escuchado a la sociedad”. Asimismo, anunciado la implementación de medidas inmediatistas y de parche que no logran proponer las transformaciones estructurales que demanda la crisis manifiesta. Este tipo de discursos y procedimientos sirven de técnicas de clausura y negación de un conflicto que persiste, para hacer gala de la continuidad de ese cierre de la política. Nuevamente, resultado del monólogo que se sustenta en un solo relato, construido con los mismos, así como fue demostrado con un tímido cambio de gabinete.
El sustrato político de las demandas sociales pretende aniquilarse al prescribírsele un carácter solamente contingente y sin interlocutores válidos. La estrategia del manejo de la situación por parte de las estructuras políticas continúa despolitizando la sociedad. Parece que el gobierno desea proyectar un horizonte de demandas yuxtapuestas, contrario a esforzarse por tender canales institucionales innovadores que permitan una real articulación entre éstas y la política, de tal forma que se avance en la profundización de la democracia y en una versión de ésta en la que la democratización encuentra un lugar determinante. Se hace evidente un miedo al diálogo y la deliberación.
Con la despolitización se acude una estrategia de desmovilización. Que cada quien se vaya a su casa, agradezca las medidas conseguidas y continúe en el ruedo de la competencia de esa privatización individualizante. Hasta ahora la estrategia no ha dado resultado. Al contrario, se continúa en las calles, y se está descodificando el contenido del malestar y refinando propuestas por medio del diálogo. Esa democracia agonizante, la misma que solo se valida en un sistema electoral está flanqueada. La democratización social se reclama como base de negociación y el monólogo fisurado por el diálogo e interlocución con otros actores.
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Bibliografía
-Touraine, A (2006) América Latina en tiempos de Chávez. Nueva Sociedad. Nº 205, septiembre – octubre.
-Consejo Nacional de Participación Ciudadana (2017) Estado de la participación ciudadana en Chile y propuestas de reforma a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Disponible en: https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/archivo/1421809887266/informe-final-consejo-nacional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana-ene-2017.pdf
